Euskadi se enfrenta a numerosas y graves amenazas ecológicas, detrás de las cuales siempre encontramos los intereses monopolistas de grandes empresas y la connivencia de la administración vasca, como ha dejado en evidencia lo sucedido con el vertedero de Zaldíbar.
Pero al mismo tiempo, la sociedad vasca es una de las más movilizadas y conscientes de España en la defensa de su medio ambiente. Euskadi cuenta con un enorme potencial en energías renovables, y podría abastecer con renovables nueve veces su demanda de electricidad en 2050.
Recortes Cero propone:
Declarar la emergencia climática en Euskadi, con una Ley de Cambio Climático y Medio Ambiente, que impulse un desarrollo sostenible y acabe con la impunidad de los monopolios para contaminar.
Y que aborde tres grandes retos medioambientales:
1. El desmantelamiento de la central nuclear de Garoña.
2. La contaminación industrial. Destacando la gigantesca refinería de Repsol en Muskiz (el llamado “Mordor” de Euskadi), que pone en riesgo la salud de los habitantes de la zona. Y elaborando un plan integral para resolver el problema de los vertederos y las plantas de reciclaje, como la planta de basuras de Bilbao que emite sustancias tóxicas y genera residuos peligrosos.
3. Y la degradación de las costas y sus ecosistemas, degradados por los planes urbanísticos y prácticas como los dragados agresivos en las zonas de playa.
Ruth Hernández, primera candidata de Recortes Cero-Los Verdes-Solidaria, en el centro a la derecha, en la concentración para denunciar lo que está ocurriendo con el vertedero de Zaldíbar y la responsabilidad del gobierno vasco por el descontrol y gestión de los vertederos.
El desmantelamiento de Garoña
En agosto de 2017 se anunció el cierre de la central nuclear, tras 15 años de lucha de los movimientos ciudadanos, ecologistas y antinucleares, sindicatos y partidos políticos de Castilla y León, Araba, Navarra, La Rioja o Aragón.
Significaba el cierre de la bomba de uranio y hormigón que durante cuatro décadas ha amenazado la salud, la vida y el medio ambiente de las comarcas que la rodeaban.
Un paso fundamental no solo para Garoña, sino para abrir la puerta al final de la energía nuclear en España, cerrando las centrales nucleares a medida que se cumpla el plazo establecido cuando se fabricaron y no se amplíe su vida útil.
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Sin embargo, un año y medio después del anunciado cierre de Garoña, aún no ha comenzado el desmantelamiento que Nuclenor, la empresa propietaria, anunció que comenzaría en el segundo semestre de 2019.
La batalla ahora continúa para conseguir:
1 -Que se inicie de inmediato el desmantelamiento y se cumplan las etapas prometidas en el plan presentado por la empresa. Asimismo evitar que los costes o una parte de ellos recaigan sobre las cuentas públicas o los consumidores; que sean a cargo exclusivo de las empresas que han estado explotando la central, Iberdrola y Endesa, 40 años durante los cuales han obtenido miles de millones de beneficios, produciendo megavatios/hora a un coste de 20 euros y cobrándolos a 60 euros a los consumidores.
2 -Dar una solución a los residuos, de manera que Garoña no se convierta en un cementerio nuclear, teniendo en cuenta que en su interior aún quedan más de 220 toneladas de uranio radioactivo, “fiscalizando” el proceso de desmantelamiento.
3 -Y establecer un plan de reactivación socioeconómica de las comarcas afectadas por el cierre, entre ellas varias comarcas alavesas.